El ministerio fiscal, en informe del 20 marzo, expone que "...forzoso es poner de manifiesto los escasos datos de que se dispone, que se circunscriben a los descritos en autos judiciales y que no son coincidentes pues Alzira afirma que [...] el número de afectados asciende a 657 personas y la cantidad defraudada a 6 millones de euros, datos que rebate el Juzgado Central calificando de meras conjeturas o hipótesis" (la negrita es nuestra)
Continúa argumentando que, no obstante, el número de afectados se puede considerar 'una generalidad' y por tanto pide que "...la instrucción la asuma un órgano con jurisdicción única sobre todo el territorio y dotada de mejores medios personales y materiales lo que servirá para evitar dilaciones indebidas"
El Supremo acuerda el pasado 22 de mayo el traspaso de la instrucción al Juzgado Central nº 5 de Madrid siguiendo esta recomendación del fiscal: "La cuestión de competencia negativa planteada debe ser resuelta como propugna el Ministerio Fiscal a favor del Juzgado Central"
